Suheyn Cipriani y la crisis de meritocracia en el Congreso peruano

Hay instituciones que se deterioran lentamente. No caen de un día para otro. No colapsan con un escándalo aislado. Se erosionan con decisiones pequeñas, repetidas, normalizadas. El Congreso peruano parece atravesar justamente ese proceso.

El reciente debate público sobre la contratación de Suheyn Cipriani, una figura conocida por su trayectoria en certámenes de belleza, volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿Qué criterios se utilizan realmente para acceder a un cargo dentro del Poder Legislativo?

Porque en teoría, el Estado peruano tiene reglas claras. La administración pública se sostiene sobre un principio básico: el acceso a la función pública debe basarse en el mérito. Pero en la práctica, el Congreso parece operar bajo una lógica distinta. Una lógica más antigua. Una lógica donde el poder se reparte como recompensa.

La designación de Suheyn Cipriani en el Congreso no es relevante únicamente por su perfil mediático. Lo importante es lo que el caso revela sobre el funcionamiento interno del Parlamento.

Investigaciones periodísticas señalaron inconsistencias en los documentos presentados para justificar su experiencia laboral, incluyendo un certificado que la acreditaba como administradora sin evidencia verificable. Más allá de la discusión sobre una persona específica, el caso expone un problema mayor: la fragilidad de los filtros institucionales dentro del Congreso.

Funciones que requieren conocimiento especializado

En teoría, los asesores parlamentarios cumplen funciones técnicas: análisis de proyectos de ley, revisión de expedientes legislativos, elaboración de informes jurídicos y apoyo en procesos de fiscalización. Son tareas que requieren conocimiento especializado. Sin embargo, el sistema de contratación permite que esos puestos se llenen bajo un criterio diferente: la confianza política.

El Congreso opera con un régimen laboral particular. Muchos de sus trabajadores ingresan bajo la modalidad de personal de confianza, una categoría que permite a los congresistas designar directamente a sus colaboradores. Sin concursos. Sin evaluaciones técnicas. Sin procesos transparentes.

Esta discrecionalidad se amplió aún más con el Acuerdo de Mesa 072-2022-2023, aprobado durante la presidencia de José Williams, que habilitó la contratación de personal de confianza adicional. En la práctica, esto creó una estructura paralela de contratación dentro del Parlamento. Un sistema donde los controles tradicionales del servicio civil pierden peso. Y donde la autonomía institucional del Congreso funciona como un escudo frente a la supervisión externa.

La contratación de figuras mediáticas o personas sin trayectoria técnica no es un fenómeno nuevo. A lo largo de los años han aparecido diversos casos que siguen un patrón similar:

• Ingreso al Congreso mediante contratos de confianza o locación de servicios.
• Perfiles académicos débiles o inexistentes en áreas relacionadas con la gestión pública.
• Remuneraciones elevadas en comparación con el mercado laboral.
• Incrementos salariales rápidos dentro del mismo despacho.

Este patrón revela algo más profundo que simples errores administrativos. Revela una cultura política. Una donde los cargos públicos funcionan como espacios de recompensa política.

En la teoría política, este fenómeno tiene un nombre. Se conoce como spoils system, o sistema de botín. Es un modelo en el que quienes controlan el poder distribuyen los puestos del Estado entre aliados, amigos o colaboradores. No importa tanto la capacidad técnica. Importa la cercanía. La lealtad. La utilidad política.

En democracias con instituciones sólidas, este sistema fue reemplazado hace décadas por servicios civiles profesionales. Pero en contextos donde las instituciones son más débiles, el sistema de botín puede sobrevivir bajo nuevas formas. El Congreso peruano parece ofrecer un ejemplo claro de esta dinámica.

Este problema no es solo ético o político. También tiene un costo concreto. El Congreso destina más del 65% de su presupuesto al pago de planillas, lo que equivale a cerca de S/ 923 millones anuales. Además, entre 2021 y 2025 se crearon 39 comisiones especiales, cuyo funcionamiento implicó más de S/ 23 millones en gasto público.

Comisiones que no rinden frutos

Muchas de estas comisiones no concluyen investigaciones relevantes, no logran que sus informes se debatan en el Pleno, o terminan archivadas. Esto sugiere que, en algunos casos, las comisiones funcionan más como espacios administrativos para incorporar personal que como verdaderos instrumentos de fiscalización.

El problema se agrava cuando las irregularidades en las contrataciones se vinculan con delitos más graves. Investigaciones sobre la Oficina Legal y Constitucional del Congreso revelaron casos de funcionarios que habrían presentado documentos falsos para acceder a cargos públicos.

Estas situaciones evidencian un punto crítico: cuando el control administrativo falla, la vulnerabilidad institucional aumenta. Y con ella, el riesgo de corrupción.

El debate sobre la meritocracia en el Congreso no es nuevo. Pero sigue sin resolverse. Diversos especialistas han planteado reformas que podrían reducir estos problemas, como:

• Crear un servicio parlamentario de carrera.
• Limitar estrictamente el número de trabajadores de confianza.
• Exigir verificación obligatoria de títulos y experiencia laboral.
• Establecer auditorías externas permanentes sobre el personal del Congreso.

Estas medidas no eliminarían completamente la discrecionalidad política. Pero podrían restablecer un equilibrio mínimo entre confianza y competencia técnica.

El caso Suheyn Cipriani, como muchos otros antes, no es únicamente un escándalo mediático. Es un reflejo de algo más profundo. Una pregunta sobre la naturaleza misma de nuestras instituciones.

Porque cuando el mérito deja de ser el criterio para ocupar cargos públicos, el Estado comienza a transformarse. Deja de ser una herramienta al servicio de la ciudadanía. Y empieza a parecerse más a un sistema de favores.

La cuestión no es si este problema existe. La evidencia muestra que sí. La pregunta es otra: ¿está el sistema político peruano dispuesto a corregirlo?